Durante 1991 y 1992 el gobierno marroquí adoptó varias medidas
positivas encaminadas a mejorar la situación de los derechos
humanos. Alrededor de 300 personas «desaparecidas» en centros
secretos de detención, en algunos casos desde hacía hasta 19 años,
quedaron en libertad. Quince presos políticos, entre los que
figuraban presos de conciencia, fueron liberados mediante tres
amnistías reales. Una nueva ley limitaba el periodo de detención
preventiva en régimen de incomunicación y establecía disposiciones
para incrementar los derechos del detenido.
Sin embargo, han seguido cometiéndose graves violaciones de
derechos humanos, entre las que figuran la reclusión secreta de
centenares de personas también «desaparecidas», que llevan
detenidas desde 1963 y el encarcelamiento de más de 600 presos
políticos, entre los que hay presos de conciencia y personas
condenadas en juicios que no reunían las debidas garantías. La
mayoría de los «desaparecidos» que quedaron en libertad, incluidos
marroquíes y más de 260 personas originarias del Sahara occidental,
siguen teniendo restringida su libertad de desplazamiento y de
comunicación y no han sido indemnizados por el Estado por los años
de detención pasados sin que las autoridades lo reconocieran, a
menudo en condiciones que atentan contra la vida.
Más de 120 personas han sido condenadas desde diciembre de
1991 hasta a 10 años de cárcel por delitos como alteración del orden
público tras manifestarse, o a veces, protestar pacíficamente. A
menudo los procedimiento seguidos en la detención preventiva y en
los procesos no han cumplido las normas internacionales sobre
derechos humanos. Los presos de conciencia, entre los que figuran
periodistas y sindicalistas, siguen siendo condenados a penas de
cárcel por delitos como el de difamación, por haber realizado
críticas no violentas a determinados aspectos del sistema político
marroquí.
https://www.amnesty.org/es/documents/mde29/006/1992/es/