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La Asesoría Jurídica de Naciones Unidas, por petición del Consejo de Seguridad, dictaminó que Marruecos no era una Potencia Administradora del territorio del Sáhara Occidental, que los Acuerdos de Madrid de 1975 no habían transferido ninguna soberanía a sus firmantes y, finalmente, que la condición de territorio no autónomo del Sáhara Occidental no se había visto afectada por esos Acuerdos.